Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Una tercera parte de las embarazadas en América Latina y el Caribe tiene menos de 18 años. De estas, un 20% es menor de 15. Asimismo, entre un 5% y un 40% de las adolescentes de la región declara haber sufrido un abuso sexual. Son los datos formulados en la presentación de la campaña Niñas, no madres, que pretende visibilizar la maternidad forzada en menores de edad y promueven Amnistía Internacional, Clacai, Planned Parenthood Global y GIRE.

Mainumby contaba con apenas 10 años y 34 kilos de peso cuando quedó embarazada. Más de un año antes, su madre había denunciado al padrastro de la pequeña al sospechar que abusaba sexualmente de ella, pero las autoridades se negaron a brindarle protección por falta de pruebas. La familia vivía en un barrio de bajos recursos de Asunción, Paraguay. En enero de 2015 la pequeña comenzó a quejarse de dolores en el vientre. Acudió a dos centros de salud pública, donde le diagnosticaron una infección. En abril las molestias se agudizaron y su madre decidió llevarla a una clínica privada, donde le hicieron una ecografía para descartar un tumor. Fue entonces que descubrieron un embarazo de 21 semanas de alto riesgo (el útero de la niña no estaba lo suficientemente desarrollado para albergar un bebé, alertaron los médicos). Mainumby fue internada sola en un hospital mientras su madre era detenida acusada de “no ejercer su deber legal de cuidado y complicidad en los ataques a su hija”, según recoge un informe de Amnistía Internacional.

“Las niñas víctimas de violación sexual en la región viven realidades que vulneran sus derechos humanos. Las repercusiones de la violencia se intensifican, dado que las niñas son obligadas a continuar con el embarazo resultado del abuso. Depresión, angustia, estrés postraumático, además de mayores riesgos a su salud física y deserción escolar son solo algunos de los efectos de las maternidades forzadas”, consideran las organizaciones que participan en la campaña. El caso de Mainumby es uno entre miles. La iniciativa resalta también que el embarazo en niñas y adolescentes está considerado como uno de los problemas de salud pública y de derechos humanos más importantes. A continuación, algunos de los datos presentados país por país.
Perú

En Perú, cuatro de cada cinco denuncias por violencia sexual provienen de niñas y adolescentes y cada día, cuatro jóvenes de entre 11 y 14 años se convierten en madres. El 29% de las muertes maternas en adolescentes son por abortos inseguros y el 56% por suicidio. Según datos del informe presentado este miércoles, el 34% de las mujeres de entre 10 y 19 años que sufrió una violación quedó embarazada.
Guatemala

En Guatemala cada cuatro horas una niña o adolescente denuncia un acto de violencia sexual en su contra, 2.190 al año. Cada día se registran cinco nuevos embarazos en menores de 14 años y el 30% de las muertes maternas ocurren en menores de 19 años. Según los datos del Ministerio de Salud Pública y de Asistencia Social de Guatemala, en 2012 se registraron 3.100 embarazos de niñas de entre 10 y 14 años, en 2013 hubo 4.220 partos y en 2014 la cifra llegó a 5.100 en esa franja de edad.
Nicaragua

Ocho de cada 10 mujeres víctimas de abuso sexual son menores de 13 años y el 64% de los casos denunciados ocurre en el hogar. El 27% de todos los embarazos que se registran en Nicaragua son de niñas y adolescentes. De estos, casi la mitad (el 47%) tenía entre 10 y 14 años. Además, el 46% de las madres adolescentes son analfabetas.
Ecuador

Entre 2002 y 2010 los partos en jóvenes de 10 a 14 años aumentaron de forma alarmante: un 78%. En 2013 hubo 634 denuncias por violencia sexual en el sistema educativo de Ecuador. En el 85% de los casos los abusos fueron cometidos contra niñas y adolescentes de sexo femenino.
Paraguay

En Paraguay cada día dos niñas menores de 14 años dan a luz. El 20% de los embarazos en el país son de niñas y adolescentes. El 19% de las embarazadas entre 15 y 19 años deja de estudiar.
México

Cada día hay más de 1.640 denuncias por delitos sexuales, pero las organizaciones estiman que sólo se reporta el 10% de lo que realmente sucede. Nueve de cada 10 víctimas son mujeres y de ellas, cuatro de cada 10 tienen menos de 15 años. La mitad de las agresiones se producen en los hogares y en el 60% de los casos el responsable es un familiar o conocido.

Cuando el 2 de julio de 2012 Rosaura Arisleida Almonte Hernández, de 16 años, experimentó repentinos síntomas de fiebre alta y un fuerte dolor abdominal, su madre, Rosa, la llevó inmediatamente a un hospital de Santo Domingo, en República Dominicana. 

Posteriormente, le diagnosticaron una forma de leucemia que la mataría en pocas semanas si no recibía tratamiento urgente. Rosaura estaba embarazada de apenas siete semanas, y la doctora recomendó que se le practicara un aborto terapéutico para poder iniciar el tratamiento contra la leucemia de forma inmediata. 

Tanto madre como hija manifestaron con claridad y de forma reiterada a los médicos su voluntad para proceder a la interrupción del embarazo y al tratamiento inmediato de la leucemia. Sin embargo, las autoridades hospitalarias indicaron que “el aborto estaba prohibido por la Constitución” e impidieron que la operación se llevase a cabo. 

Finalmente, el 26 de julio (24 días después de que Rosaura fuese hospitalizada) los médicos iniciaron el tratamiento contra la leucemia. El 16 de agosto Rosaura tuvo un aborto espontáneo y al día siguiente, a las 8 de la mañana, falleció. “A mi hija ya nada me la devuelve, pero yo no puedo dejar pasar las cosas sin exigir que se diga con claridad qué se hizo mal en este caso. 

Hasta que no se aclare esto y se determinen las responsabilidades no habrá forma de evitar que otra madre tenga que vivir lo que yo viví tratando de hacer que atendieran a mi hija.” Rosa Hernández, República Dominicana En diciembre de 2014, República Dominicana aprobó un nuevo Código Penal que despenalizaba el aborto en los casos en que la vida o la integridad de la mujer corrieran peligro, cuando el embrión presentase malformaciones incompatibles con la vida y cuando el embarazo fuese producto de una violación o incesto. 

Sin embargo, en diciembre de 2015, el Tribunal Constitucional declaró anticonstitucional la nueva legislación, dejando en vigencia el Código Penal anterior, de 1884. Con ello, República Dominicana regresó al siglo XIX, manteniendo una legislación que penaliza el aborto en todas las circunstancias. Es significativo que las tasas de mortalidad materna y de embarazo adolescente en República Dominicana se encuentren entre las más elevada de la región.


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