La sociedad AAA Dominicana, habría estado pagando periódicamente comisiones ilegales en RD

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González habría desviado de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM), dependiente de la administración regional, un millón de euros para sanear las cuentasdel PP de Madrid, según el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha decretado este viernes prisión incondicional para el exmandatario.

Los indicios tienen su origen en la declaración de un ex subdirector general de ICM que afirmó ante la Fiscalía Anticorrupción que González pidió en junio de 2012 al entonces consejero delegado del organismo público, José Martínez Nicolás, 1 millón de euros para “sanear las cuentas del Partido Popular de Madrid”.

En República Dominicana, la sociedad AAA Dominicana, participada mayoritariamente por Inassa, “habría estado pagando periódicamente comisiones ilegales, por valor, por ejemplo, de 440.000 o 393.500 dólares, relacionadas directamente con contratos públicos adjudicados y ejecutados” por la citada empresa.

Según el magistrado, los fondos obtenidos por los contratos en los mencionados países habrían multiplicado el patrimonio oculto que se le ha descubierto a Rodríguez Sobrino y el cual habría mantenido “oculto y desvinculado de su presunto origen ilícito” tanto en Inglaterra como en Colombia y República Dominicana, poniendo parte del mismo a nombre de su hija.

Por otro lado, la mano derecha de González en Latinoamérica y expresidente de la empresa Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, habría sido “conocedor y partícipe” de prácticas corruptas en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para “manipular” los procesos de obtención de contratos para su compañía, filial del Canal de Isabel II en América Latina.

El auto del juez señala que el consorcio formado por las empresas Inassa, CLEOP y la panameña MG Infraestructuras habrían pagado en Panamá una comisión ilegal de 273.672 dólares por un contrato de servicios inexistente suscrito con la sociedad de las Islas Vírgenes Eduholding Corp. Una práctica, añade el magistrado, que llevaron a cabo en otros contratos en el país centroamericano.

Los fondos obtenidos por los contratos en los mencionados países habrían multiplicado el patrimonio oculto que se le ha descubierto a Rodríguez Sobrino.

La operación Lezo se inició el miércoles a primera hora con la detención de Ignacio González y de su hermano Pablo y su cuñado, José Juan Caballero. La investigación judicial señala a los dos últimos por su posición destacada dentro de un entramado al que se le atribuye, entre otros, el delito de organización criminal. Ambos han sido enviados este viernes a prisión, eludibles bajo el pago de sendas fianzas de 4 millones y 100.000 euros, respectivamente.

Concretamente, Pablo González y José Juan Caballero están acusados de ser los promotores de la construcción del campo de golf en Chamberí, en el centro de Madrid, tras una polémica venta de suelo hasta entonces propiedad del Canal de Isabel II. En esta operación también habría participado el expresidente madrileño, según los indicios que obran en la causa que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6.
EFE

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