Participación Ciudadana: JCE debe realizar un análisis ponderado de sus posibilidades técnicas ante el hecho de que las elecciones presidenciales y congresuales

Santo Domingo, República Dominicana. El movimiento cívico Participación Ciudadana apoya la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de suspender el proceso electoral en sus dos modalidades manual y automatizada, ante el cúmulo de errores que presentó el sistema de voto automatizado que se implementó en 18 municipios que componen el 62% del electorado.

Corresponde a la Junta Central Electoral reprogramar las elecciones municipales y los plazos que corresponden con la organización de ese proceso, de manera que se respeten las normas de la democracia.

Participación Ciudadana entiende que la JCE debe realizar un análisis ponderado de sus posibilidades técnicas ante el hecho de que las elecciones presidenciales y congresuales están pautadas para mayo y debe organizar un tercer proceso en un plazo que no estaba previsto.

Nuestra organización apoya la decisión de la JCE de iniciar una investigación sobre las causas del fracaso del proceso y expresa que esta investigación debe ser acompañada de observadores que validen sus resultados.

La suspensión de las elecciones es un hecho inédito en la vida política dominicana. Nuestra organización, que movilizó a más de 1800 personas en todo el país, entiende la fuerza mayor invocada por el presidente de la Junta Central Electoral para anunciar la suspensión del proceso poniendo evidencia que el voto automatizado fracasó y no debe ser utilizado.

Se han confirmado los temores y aprehensiones de Participación Ciudadana y otros sectores de la vida nacional frente a la implementación del voto automatizado, y que de plano excluye ese formato de las próximas elecciones donde habrá de retomarse el sistema de boletas que se usa en la mayoría de los países.

Participación Ciudadana entiende que el proceso venidero debe ser analizado tanto por la JCE como por el liderazgo político nacional para evitar que la situación genere un trauma político o una crisis de gobernabilidad.

Llama la atención, que a pesar de los anuncios de la Procuraduría General de la República, se comprobó que los fiscales para asuntos electorales no contestaron las llamadas en el 72% de los casos y las contestadas fueron atendidas por oficiales militares, secretarias o personal de oficina. En todos los casos en que hubo respuesta se informó que las personas deben acudir personalmente a hacer la denuncia aportando todas las pruebas y llevar los testigos.

Nuestra organización presentará en los próximos días todos los datos que recogieron nuestros voluntarios durante la tanda matutina, a fin de informar sobre las malas prácticas que observaron con el propósito de que las mismas se puedan evitar en el futuro.

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