Continuidad de Estado: Garantía de Institucionalidad.

Por: Roque J. de León B.

Los países pobres como el nuestro buscamos las soluciones a las miserias que hemos creado motivando cambios de los hombres y mujeres que de tiempo en tiempo se lucran de la administración de los bienes del Erario Público.

Nada más desesperanzador que cumplir con el mandato del voto representativo, cambiar un grupo de individuos que violentan y manipulan las reglas y normas establecidas para el correcto manejo de las diferentes instancias públicas y que, quienes los sustituyen continúen con la mismas prácticas o peor; sobre todo en lo referente a la continuidad de Estado.

La experiencia vivida en Puerto Plata con la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, entre otros (DIGEMAPS) que es una dependencia del Ministerio de Salud Pública de nuestro país, creada por el decreto #82-15 y regulado por la Ley 42-01 misma que dispone que los establecimientos dispensadores de medicamentos no pueden ser instalados a menos de quinientos metros entre sí, norma que los reguladores deben aplicar y hacer cumplir, pero en lugar de eso han intentado violentarla en varias ocasiones para favorecer a una cadena farmacéutica en particular.

La DIGEMAPS, como su nombre lo indica tiene la responsabilidad de normar y controlar todo lo relacionado con las actividades de producción, compras y manejo de: medicamentos, alimentos, productos de sanitarios, entre otros.

Para cumplir con esa misión se requiere de un personal con alta vocación de servicio, compromiso al ejercer sus funciones, honestidad y responsabilidad.

Al igual que esa dependencia del Estado, hay otras tantas que a diario violentan sus propias normas para generar algún tipo de beneficio no necesariamente en favor de la sociedad.

Los actores que de una forma u otra se ven lesionados por los efectos de esos procesos deben hacer valer sus derechos apegándose estrictamente al mandato de la Constitución y las Leyes de nuestro país.

Si los ciudadanos, no cumplimos con nuestros deberes y hacemos valer nuestros derechos, por largo tiempo tendremos los mismos grupos de malos dominicanos maniobrando para continuar dañando las Instituciones Públicas y en ocasiones, algunos de ellos apropiándose de los bienes que nos corresponden a todos.

Es tiempo de que tengamos claro que un servidor público siempre ha sido un empleado de los que pagamos los impuestos de donde reciben sus sueldos y en muchas oportunidades: viáticos, dietas, asignación de casas y vehículos, seguridad, seguros, escolaridad de los hijos, entre otros tantos privilegios y, que lo menos que deben hacer es rendir cuentas y respetarnos.

Como ciudadanos dominicanos tenemos el deber de exigir a los servidores públicos, muchos con larga data en la Carrera Administrativa, que tienen que respetar la Institucionalidad y la Continuidad de Estado; de lo contrario, utilicemos las vías legales correspondientes para notificar a ellos y sus superiores las faltas cometidas y advertirlos sobre las consecuencias de sus actos; si no obtemperan, someterlos y que respondan ante los tribunales.


De esa manera terminaremos con los Servidores Públicos prepotentes, violadores de sus propias normas y de los derechos de quienes pagamos sus Sueldos.

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